En el mismo se observa el acuerdo parcial con el Gobierno y la Fiscalía del Estado al inhibir la presentación de ANV y el PCTV, cancelando la financiación de ambos partidos abertzales.
Sin embargo, les autoriza a funcionar.
En sus considerandos, la Sala 61 del Supremo sostiene que, "Si el sistema democrático ha conseguido absorber con éxito los efectos perturbadores de un partido que, según alegan las partes demandantes colabora con organizaciones ilegales parece desproporcionado adoptar ahora esta iniciativa".
Cómo se sabe, el PCTV tiene 9 escaños en la Cámara Vasca; mientras ANV acredita en el País Vasco y Navarra un total de 430 concejales y algunos alcaldes; siendo inviolables tales competencias hasta tanto completen el periodo de vigencia, según la Ley.
El enredo jurídico que hubiese supuesto refrendar la solicitud de la Fiscalía es la base de este auto; que sólo favorece a medias los planes de ETA y sus colaterales, mientras los órganos de seguridad del Estado prosiguen desarrollando el combate contra el terror.
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